Ministerio de Ambiente avala 44 áreas para subestación eléctrica en la Cuenca Alta del Río Bogotá sin necesidad de sustraer la reserva forestal.


El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible determinó que 44 de las 59 áreas evaluadas para el proyecto de la Subestación Norte 230/115 kV de Enel Colombia cumplen las condiciones para desarrollar actividades de bajo impacto ambiental dentro de la Reserva Forestal Protectora Productora Cuenca Alta del Río Bogotá, sin que sea necesario sustraer terrenos de la reserva.


Alcance de la decisión
La determinación habilita intervenciones puntuales para la construcción de las líneas de transmisión asociadas al proyecto en sectores de Gachancipá, Nemocón, Tocancipá y Zipaquirá, municipios donde parte de la infraestructura eléctrica se cruza con el área protegida. Las zonas temporales autorizadas servirán principalmente para el ingreso de personal, equipos y materiales durante la construcción.


En concreto, las 44 áreas aprobadas incluyen:
2 torres de transmisión
25 accesos peatonales temporales
17 tramos de vías terciarias existentes, destinados exclusivamente a garantizar el tránsito durante las obras

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona, destacó que la medida concilia desarrollo y conservación: “desarrollo y protección ambiental no son objetivos opuestos”, señaló, subrayando que el proyecto busca garantizar la seguridad energética de Bogotá sin comprometer los bosques, el agua y la biodiversidad de la región.


Condiciones ambientales
Las intervenciones autorizadas deberán cumplir estrictas medidas de manejo ambiental, entre ellas:
Protección de vegetación, suelo y fuentes hídricas
Cuidado de fauna y flora silvestres
Manejo adecuado de residuos
Recuperación de los terrenos utilizados temporalmente

De las 59 áreas presentadas, 15 no fueron incluidas dentro de las actividades de bajo impacto contempladas en la norma. Se trata de espacios auxiliares —zonas de trabajo, plaza de tendido y áreas vinculadas al uso de teleféricos— que deberán surtir el trámite ambiental correspondiente antes de cualquier intervención.

La decisión se enmarca en la política del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, orientada bajo la premisa de “proteger para producir, restaurar para crecer y conservar para prosperar”, que busca articular la conservación ambiental con el desarrollo económico y social de las regiones.