De acuerdo con la información oficial emitida por la alcaldía municipal de Chía, los manifestantes protestaron el pasado viernes para presionar el aumento de la tarifa del transporte urbano para este año.

Por su parte la administración local, manifestó que no es una decisión que pueda tomar de manera unilateral el alcalde Leonardo Donoso debido a que tiene un impedimento, por tal razón se realizó un proceso técnico y administrativo que se adelanta desde enero de 2026 y que ha sido informado y socializado con los líderes del transporte en diferentes mesas de trabajo.

El proceso parte de un estudio técnico de tarifas, que debe ser aprobado por la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca. Una vez aprobado, debe ser radicado ante la Procuraduría Provincial, entidad que debe validar el impedimento del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, para intervenir en la expedición del decreto tarifario.

Posteriormente, la Procuraduría debe remitir el trámite al Ministerio del Interior, que deberá designar al alcalde ad hoc. La solicitud contempla que sea el secretario de Movilidad de Cundinamarca quien asuma esta responsabilidad y, una vez formalizada la designación, pueda firmar el decreto que establezca el incremento de las tarifas del transporte público urbano, individual y colectivo en Chía.

El trámite permanece pendiente porque la Procuraduría aún no ha emitido el pronunciamiento sobre el impedimento del alcalde. Por esta razón, no ha sido posible avanzar en la designación del alcalde ad hoc ni expedir el decreto que autorice el aumento de las tarifas.

La Administración Municipal señaló que, a través de la Secretaría de Movilidad, ha adelantado todas las actuaciones que están dentro de sus competencias y que los líderes del transporte conocen el procedimiento y el estado del trámite, información que ha sido revisada en las mesas de trabajo realizadas con el sector.

Pero la discusión tarifaria también está relacionada con la calidad del servicio. La Administración recibe diariamente quejas de ciudadanos por el estado de algunos vehículos, maniobras peligrosas durante la conducción y presuntos malos tratos hacia los pasajeros. Frente a estas situaciones, se han implementado medidas como el “pasajero oculto” y el sistema SAST, dentro del Plan Local de Seguridad Vial.

Mientras el proceso institucional avanza, los transportadores decidieron recurrir nuevamente a los bloqueos como mecanismo de presión, una práctica que, según la Administración Municipal, también se ha utilizado en años anteriores durante las discusiones relacionadas con las tarifas. Afirma en un comunicado emitido por la oficina de prensa de la alcaldía de Chía.