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La medida tendrá una duración inicial de 30 días y cobija a 15 departamentos. El Gobierno podrá adoptar medidas extraordinarias para conseguir recursos, atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
El Gobierno nacional decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica como respuesta a las graves consecuencias ocasionadas por el terremoto que afectó a varias regiones del país.
La declaratoria tiene una vigencia inicial de 30 días y comprende los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre.
Pero, ¿qué significa realmente esta decisión para los ciudadanos?
¿Qué es una emergencia económica?
En términos sencillos, es un mecanismo excepcional que le permite al Gobierno actuar con mayor rapidez frente a una situación grave que no puede ser atendida de manera suficiente mediante los procedimientos ordinarios.
El artículo 215 de la Constitución permite que, durante un Estado de Emergencia, el Presidente, con la firma de todos sus ministros, expida decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a enfrentar la crisis y evitar que sus efectos se extiendan.
Esto significa que el Gobierno puede tomar decisiones económicas y presupuestales extraordinarias sin tener que seguir, en todos los casos, el procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo, las medidas deben estar directamente relacionadas con la emergencia.
¿Para qué se declaró?
El principal objetivo es disponer de herramientas y recursos para atender las consecuencias humanas, sociales, económicas y de infraestructura provocadas por el terremoto.
El Gobierno sostiene que los recursos disponibles mediante los mecanismos ordinarios no serían suficientes para responder a la magnitud de la emergencia, por lo que se requieren modificaciones presupuestales y otras medidas extraordinarias.
La emergencia busca pasar de la atención inmediata de los afectados a una segunda etapa: la recuperación y reconstrucción de las regiones golpeadas.
¿Qué podrá hacer el Gobierno?
El decreto contempla varias herramientas que, en términos prácticos, pueden resumirse así:
1. Crear fondos especiales
El Gobierno podrá crear fondos y subcuentas destinadas específicamente a financiar proyectos relacionados con la atención de la emergencia y la reconstrucción.
En otras palabras, se busca concentrar recursos en mecanismos destinados exclusivamente a superar las consecuencias del terremoto.
2. Modificar el presupuesto
La emergencia permite realizar operaciones presupuestales extraordinarias, como adiciones, traslados y modificaciones de recursos, para llevar dinero hacia los sectores y territorios que más lo necesiten.
Esto puede facilitar que recursos que estaban destinados inicialmente a otros programas sean reorientados hacia la atención de la tragedia, siempre que exista relación con la emergencia.
3. Adoptar medidas tributarias temporales
Uno de los puntos de mayor importancia es la posibilidad de establecer medidas tributarias, aduaneras y cambiarias de carácter temporal.
Estas medidas podrían buscar dos objetivos: generar recursos adicionales para atender la emergencia y, al mismo tiempo, proporcionar alivios que permitan a los contribuyentes y empresas afectadas disponer de mayor liquidez.
Es importante aclarar que la declaratoria de emergencia no significa automáticamente que se creen nuevos impuestos. Cualquier nuevo tributo o modificación deberá establecerse mediante las normas que expida el Gobierno dentro del marco constitucional de la emergencia.
4. Fortalecer financieramente a departamentos y municipios
La Nación podrá adoptar medidas para fortalecer la capacidad financiera, institucional y administrativa de las entidades territoriales afectadas.
Esto puede traducirse en mayores posibilidades para que gobernaciones y alcaldías ejecuten obras y programas relacionados con la emergencia.
5. Reorientar recursos nacionales
El Gobierno también podrá estudiar la destinación de recursos de fondos especiales de la Nación que todavía no estén comprometidos, con el propósito de utilizarlos en las necesidades generadas por el terremoto.
¿Qué significa para las familias damnificadas?
La emergencia económica no representa por sí misma un pago automático para todas las personas afectadas.
Lo que hace es crear el marco jurídico y financiero para que posteriormente el Gobierno adopte programas específicos de ayuda.
Entre las medidas anunciadas se encuentran subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y programas para vivienda nueva y mejoramiento de vivienda, dentro del denominado programa de reconstrucción.
Por eso, para una familia que perdió su vivienda, lo importante será conocer posteriormente qué requisitos tendrá cada programa, quiénes podrán acceder y cómo se realizará la entrega de las ayudas.
¿La emergencia afecta a todos los colombianos?
No de la misma manera.
La declaratoria está territorialmente delimitada a 15 departamentos, aunque algunas medidas económicas de carácter nacional podrían tener efectos más amplios dependiendo de lo que establezcan los decretos que se expidan posteriormente.
Por ahora, la emergencia no significa que cambien automáticamente los impuestos, las tarifas de servicios públicos, los precios de los productos o las obligaciones económicas de todos los ciudadanos.
Es necesario esperar las medidas concretas que adopte el Gobierno.
¿Cuánto tiempo durará?
La declaratoria inicial es de 30 días.
La Constitución establece que los estados de emergencia pueden ser prorrogados hasta completar un máximo de 90 días durante el año calendario, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la Constitución.
Por lo tanto, los 30 días iniciales no significan necesariamente que todas las acciones de reconstrucción deban terminar en ese período. La emergencia es el mecanismo excepcional para adoptar decisiones urgentes; la reconstrucción puede extenderse durante varios años.
¿Quién vigila las decisiones del Gobierno?
La declaratoria de emergencia no le entrega poderes ilimitados al Presidente.
Los decretos que se expidan deben estar relacionados directamente con la crisis y tienen controles constitucionales.
La Corte Constitucional deberá revisar la declaratoria y los decretos legislativos que se expidan en desarrollo de la emergencia. Además, existen controles políticos y fiscales sobre el manejo de los recursos públicos.
¿Por qué es importante para Cundinamarca?
Cundinamarca hace parte de los 15 departamentos incluidos en la declaratoria.
Esto significa que los municipios cundinamarqueses que hayan sufrido daños como consecuencia del terremoto podrán estar dentro del marco de las medidas extraordinarias de atención, recuperación y reconstrucción.
Para alcaldías y gobernaciones, uno de los aspectos más importantes será la posibilidad de contar con mecanismos presupuestales que permitan acelerar la atención de daños en infraestructura, vivienda, vías, instituciones educativas y establecimientos de salud, de acuerdo con los diagnósticos oficiales.
En resumen: ¿qué cambia con la emergencia?
Antes: el Gobierno debía utilizar principalmente los mecanismos ordinarios disponibles en el presupuesto y en la legislación.
Ahora: durante el período de emergencia, el Ejecutivo cuenta con herramientas extraordinarias para movilizar recursos, modificar partidas presupuestales, crear fondos especiales y establecer determinadas medidas económicas y tributarias temporales relacionadas directamente con la crisis.
Pero: esto no significa que automáticamente se creen impuestos, se entreguen subsidios o se modifiquen las obligaciones de los ciudadanos. Cada una de esas decisiones deberá quedar establecida en los decretos y normas que se expidan posteriormente.
La declaratoria es, en esencia, una herramienta para acelerar la respuesta del Estado frente a una emergencia de gran magnitud.
El verdadero impacto para los ciudadanos se conocerá en las próximas semanas, cuando el Gobierno comience a expedir las medidas concretas para financiar la atención de los damnificados y la reconstrucción de las zonas afectadas.
