Concejo de Bogotá aprueba iniciativa para soterrar progresivamente las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

El Concejo de Bogotá dio luz verde a una proposición que obliga al Distrito a avanzar hacia el soterramiento progresivo de las redes aéreas de energía y telecomunicaciones, en un intento por reducir la contaminación visual y el riesgo eléctrico en el espacio público de la capital.

La medida, presentada por el concejal Julián Sastoque junto a su colega Juan David Quintero Rubio, fue incorporada como artículo nuevo al Proyecto de Acuerdo 724 de 2026 y recibió el aval de la Comisión de Hacienda, en lo que los promotores de la iniciativa califican como un paso decisivo para transformar el paisaje urbano de la ciudad.

Un diagnóstico que respalda la urgencia
Detrás de la decisión hay cifras que, según los concejales, no admiten demora. De acuerdo con datos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, de los 8.446.885 metros de red del sistema de alumbrado público de Bogotá, 6.112.440 —equivalentes al 72%— corresponden a infraestructura aérea. Esa proporción, además, no contempla el cableado de telecomunicaciones que comparte los mismos postes a lo largo de la ciudad.

El riesgo no es solo estético. Únicamente durante lo corrido de 2025 se generaron 99 órdenes de trabajo asociadas a fallas por riesgo eléctrico, un indicador que evidencia la vulnerabilidad de una red instalada en su mayoría a la intemperie.
A este panorama se suma un vacío de información reconocido por la propia administración distrital: la Secretaría Distrital del Hábitat admitió ante el Concejo que Bogotá no dispone de datos verificables sobre cuántos kilómetros de cableado aéreo existen actualmente en la ciudad, ni cuántos de esos elementos están en desuso.

Tres frentes de acción
La proposición aprobada establece tres líneas de trabajo concretas para el Distrito:
Toda red nueva que se instale, amplíe o reponga deberá disponerse bajo tierra desde ahora en adelante.
El Distrito deberá coordinar con las empresas prestadoras el aprovechamiento compartido de la infraestructura subterránea, con el propósito de evitar intervenciones repetidas del espacio público.
Se ordena la construcción de un inventario de elementos en desuso, insumo indispensable para exigir su retiro efectivo.